Por William Calderón Zuluaga (*)
La confesión
Bajo el título "Sorpréndase: mi vida social siempre ha sido muy restringida", el 12 de julio la periodista Cecilia Orozco entrevistó en el diario El Espectador al cuestionado magistrado Yesid Ramírez, quien, sin rubor, confesó la comisión de un delito. "¿Es cierto que (el mafioso Giorgio) Sale le regaló un reloj muy fino?", le pregunto la periodista Orozco Tascón.
"Sí, pero no es un artículo ni mucho menos valioso como se hizo creer. De hecho, era usado y me lo entregó delante de todos los presentes en un gesto tan espontáneo e inesperado que no me dio oportunidad de rechazarlo ni me generó motivo de recelo o de malicia, en especial por lo público del gesto", respondió, descaradamente, Yesid Ramírez Bastidas.
Es claro que el magistrado Ramírez mide la justicia de una manera bastante particular. Primero, trata de bajarse de eventuales conductas dolosas cometidas por él asegurando que el reloj era usado y de poco precio; así fuera una baratija (que no lo era), provino del dinero de un mafioso (Giorgio Sale) que le rendía cuentas al criminal Salvatore Mancuso. Segundo, por mucho menos los magistrados de la Corte Suprema (entre ellos Ramírez) tienen o han tenido en prisión a varios congresistas por el tema de la 'para-política'; un ejemplo claro es el del senador caucano Luis Fernando Velasco, quien habría recibido unos pasajes aéreos que resultaron ser pagados con fondos del paramilitarismo. Tercero, lo más sano que debería hacer el magistrado Ramírez, aparte de renunciar a su cargo, es entregar el reloj a la autoridad competente para que el valor de éste sirva como reparación a las víctimas de los paramilitares, pues, como ya se ha dicho repetidamente, Sale laboraba para Mancuso.
Por eso daba pena ajena ver -el 22 de julio de 2008- al magistrado Yesid Ramírez como uno de los juzgadores de Justo Pastor Rodríguez Herrera, ex director nacional de Fiscalías, que, en 2004, aceptó públicamente haber recibido de regalo un reloj Rolex de alguien que tenía intereses en su despacho judicial. Con razón, muchos de los asistentes a la audiencia pública contra Rodríguez decían con sorna y en voz baja: "Ese Yesid Ramírez debería hacerse al lado del sindicado para que los juzguen a los dos de una vez". De todo este triste episodio para la administración de justicia del país, llaman también la atención el silencio y la complicidad de los otros ocho magistrados de la Sala Penal, quienes por elemental sentido común y dignidad deberían pedirle a Ramírez que se declare impedido para conocer el caso de Rodríguez Herrera.
A propósito del caso del ex director nacional de Fiscalías, el primero de junio de 2005 la Procuraduría de Edgardo Maya Villazón expidió un comunicado de prensa en el que anunciaba la formulación de pliego de cargos en contra de Justo Pastor Rodríguez. En ese momento, el Ministerio Público calificó la actuación de Rodríguez -recibir un reloj Rolex- "como un acto de corrupción que enloda y pone en entredicho la buena marcha no sólo de la Fiscalía General de la Nación, sino de toda la administración pública". Es por eso, precisamente, que un hombre de las 'excelsas calidades' del procurador Maya Villazón no debería estar buscando su tercer cuatrienio en el Ministerio Público como candidato de la Corte Suprema, pues al final tendría que pedirle cita al magistrado Yesid Ramírez, quien confesó haber incurrido en una falta igual a la de un hombre (Justo Pastor Rodríguez) al que la Procuraduría General ya calificó de corrupto.
Y volviendo a la entrevista que la periodista Cecilia Orozco le hizo al magistrado Yesid Ramírez, que más bien es la prueba para un llamamiento a diligencia de indagatoria, hay muchas más 'perlas' que llaman la atención. Ramírez dice que está dispuesto a dejar su cargo si se comprueba que participó en una conducta dolosa. ¿Será que la confesión de un delito -recibir un costoso reloj de un mafioso- no es prueba suficiente para su dimisión? En su desesperada defensa, Ramírez trató de poner a su mismo nivel a personas de bien y de intachable conducta como funcionarios públicos. Tal es el caso del magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil, a quien Ramírez dijo haber visto en cierta oportunidad, en Valledupar, al lado de Giorgio Sale; y del general Freddy Padilla De León, de quien aseguró era amigo de Ascencio Reyes.
También metió en ese mismo costal de dudosos al fiscal Mario Iguarán. Infortunadamente, en este caso, el magistrado Ramírez puede tener razón, pues -según Semana- Ascencio Reyes le hacía grandes fiestas al Fiscal General. En el llamado búnker de la Fiscalía se dice que la contraprestación a esos agasajos se tradujo en que Iguarán puso a trabajar a una de las hijas de Reyes (Claudia Reyes Ipuz) en una de las dependencias clave de la Fiscalía: la Oficina de Asuntos Internacionales, a donde llegan las solicitudes de extradición que hacen los gobiernos extranjeros.
Otra 'perla' de la entrevista en El Espectador: el magistrado Ramírez relató que ante comentarios de que un hijo de Giorgio Sale andaba en problemas legales, un coronel adscrito a la Interpol le notificó (primero el 13 de marzo de 2006 y después el 11 de diciembre del mismo año) que no había registros de que esa persona tuviera investigaciones en su contra. Una de dos: o al magistrado le mintieron o él está mintiendo, porque la verdad es que a Giorgio Sale y a sus hijos Christian, David y Stephano la Fiscalía colombiana los investigaba desde 2003 por el lavado de 3.000 millones (El Tiempo, 10 de diciembre de 2006). Así las cosas, no es muy convincente la justificación de Ramírez, máxime cuando es de público conocimiento la amistad de los magistrados de la Corte Suprema con el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien con los abogados de su oficina eran los defensores del clan de los Sale.
Es decir, es muy probable que Gómez Méndez les hubiera comentado a algunos magistrados que su oficina estaba defendiendo al mafioso italiano y a sus tres hijos. O también el fiscal de bolsillo de la Corte Suprema, Mario Iguarán, les hubiera ayudado a los magistrados con los antecedentes de la 'prestigiosa' familia Sale. Es más, Ascencio Reyes, que no salía de los despachos de fiscales y jueces, con toda seguridad también les hubiera ayudado a los magistrados con esa vuelta.
Pero si Yesid Ramírez pensó que la entrevista en El Espectador iba a ser el fin de sus problemas, su cálculo no pudo haber más equivocado. La columnista María Isabel Rueda, en El Tiempo del 20 de julio de 2008, al recoger las palabras que una semana antes había entregado el magistrado de la Sala Penal, escribió: "Que un magistrado de la Corte se deje regalar un reloj de un socio del paramilitar Mancuso, así no supiera que lo era, no es un simple asunto de mala suerte. Obedece al mismo culiprontismo que llevó al magistrado Yesid a dejarse homenajear en Neiva gracias a los buenos oficios de otro oscuro personaje, Ascencio Reyes, que atiende a la rama judicial con tiquetes gratis o rebajados por una de dos razones: o es sobrino de la Madre Teresa de Calcuta o está interesado en tener una bisagra abierta en el círculo de nuestros jueces y magistrados". (Lo que dice la periodista María Isabel Rueda es totalmente cierto, pero parece ser que Ascencio Reyes tiene inmunidad por ser amigo del fiscal Iguarán, quien nunca le abrirá una indagación penal para establecer, por ejemplo, un eventual enriquecimiento ilícito de este singular personaje. ¿O será que a la Fiscalía de Iguarán no le interesa investigar si todo anda bien en la casa de cambios de El Centauro, de propiedad Reyes?).
Al magistrado Ramírez Bastidas, no obstante, los comentarios de prestigiosos columnistas como María Isabel Rueda, Salud Hernández, Mauricio Vargas y Fernando Londoño Hoyos parecen no importarle. Al contrario, da la impresión de que esas críticas, y el apoyo incondicional de sus compañeros en la Corte Suprema, lo atornillan más en su cargo. No hay duda, entonces, que el país tendrá que seguir soportando sus escándalos hasta que termine su magistratura (septiembre de 2010). A propósito del ex ministro y periodista Fernando Londoño, en su programa 'La hora de la verdad', en Radio Súper, aseguró que el reloj que Giorgio Sale le regaló al Yesid Ramírez no era un Locman (como lo afirmó Salud Hernández) sino un Patek Philippe, que también es costosísimo y su valor servirá para reparar a las víctimas de Sale y Mancuso.
La 'farc-política'
El primero de marzo de 2008, en una acción de legítima defensa nacional, el Ejército colombiano dio de baja -en la frontera con Ecuador- al entonces segundo cabecilla de la guerrilla de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias 'Raúl Reyes'. En el mismo operativo, nuestros militares se hicieron al computador del jefe terrorista y narcotraficante. En cuestión de horas se estableció que 'Raúl Reyes' tenía comunicación con muchas personas (nacionales y extranjeras) que desde la legalidad aparentaban ser gente de bien.
Como era de esperarse, los opositores del Gobierno de Álvaro Uribe empezaron a bajarle la caña al contenido del mencionado computador y a poner en duda el contenido de sus archivos. Para acallar esas voces disonantes, que tiempo atrás habían visto en el computador incautado al jefe paramilitar 'Jorge 40' la caja de la verdad de los males de Colombia en los últimos 50 años, las autoridades colombianas le entregaron el computador de 'Raúl Reyes' a una institución extranjera que pudiera establecer si había habido o no alteración de los archivos. El 15 de mayo de 2008, la prestigiosa Interpol llegó a una demoledora conclusión: los archivos del computador de 'Raúl Reyes' no fueron modificados. La noticia causó conmoción y pánico entre las personas cercanas a los terroristas de las Farc que despachan desde Bogotá y muchas otras capitales del mundo.
Una semana después de haberse conocido el informe de la Interpol, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigara los presuntos nexos con las Farc de los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja. En ese momento, y como para variar, los malquerientes del gobierno de Uribe dijeron sentirse perseguidos.
Seguramente molestos por tener que investigar a la senadora Córdoba (Partido Liberal) y a dos miembros del Polo Democrático (Borja y Ramírez), los magistrados de la Corte Suprema empezaron a poner en duda la conclusión a la que había llegado la Interpol. Así, el 12 de junio de 2008, el presidente de la corporación, magistrado Francisco Ricaurte, anunció que la Sala Penal le iba pedir a la Scotland Yard que revisara nuevamente los archivos del computador de 'Raúl Reyes'. El motivo: seguramente la Corte creyó que Álvaro Uribe Vélez y su Gobierno habían comprado a la Interpol. Al momento de escribir este artículo, la Corte no había tomado una decisión de fondo respecto de los presuntos vínculos con las Farc de Córdoba, Ramírez y Borja.
Es muy probable que a los magistrados de la Sala Penal les parezca poca cosa, por ejemplo, los 956 correos electrónicos que la senadora Córdoba se cruzó con su amigo 'Raúl Reyes'.
Vaya manera de administrar justicia: mientras a los 'farc-políticos' no se les investiga a fondo, y más bien se les trata como a altruistas emisarios de la paz, a los 'para-políticos' se les mete a la cárcel con la declaración de cualquier bandido arrepentido. Claro que a nadie debe extrañar la postura de los magistrados de la Sala Penal, pues llevar a prisión a personas relacionadas con las Farc sería como darle el gusto y también la razón al Gobierno de Álvaro Uribe.
Con sobrada razón, el 26 de junio de 2008, el Primer Mandatario, al referirse a la petición de la Corte Suprema a la Constitucional de revisar la sentencia mediante la cual avaló la reelección presidencial inmediata, dijo que la Sala Penal administraba una justicia selectiva. En respuesta a esa afirmación, cinco días después, la Sala Plena de la Corte Suprema expidió un comunicado en el que exhortaba "al Gobierno Nacional a respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, así como las de cualquier Juez de la República". Qué frágil memoria parecen tener los magistrados de la Corte Suprema. Seguramente se les olvida los berrinches que han armado cuando la Corte Constitucional, o el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura les han revocado o anulado sus sentencias. Siempre tratan mal e irrespetan a los jueces de las mencionadas instituciones que se meten con sus decisiones. Es decir, la Corte Suprema exige lo que no da. ¿O es que acaso a la Corte Constitucional le está prohibido, vía tutela, revisar las sentencias de la Corte Suprema? Desde luego que no, porque la tutela es el mecanismo idóneo para que el ciudadano del común pueda defenderse de las injusticias de la justicia.
Por fortuna para el país y la democracia, el 'matrimonio' entre la Corte Suprema de Justicia y los medios de comunicación ya no es el mismo de hace dos años. En su editorial del 12 de julio de 2008, bajo el título "¿Hacia dónde va la Corte?", el diario bogotano El Tiempo afirmó que le causaba extrañeza la visión de la Sala Penal en el tema de la 'farc-política'. "Esta vez se trata del insólito anuncio de que la Corte llamará a declarar a 'Raimundo y todo el mundo' dentro de las indagaciones preliminares que realiza contra las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Ramírez y el representante a la Cámara Wilson Borja por sus posibles vínculos con las Farc. Los magistrados resolvieron el jueves citar como testigos al Presidente de la República, al Vicepresidente, al Ministro de Defensa, al ex ministro Carlos Holguín, al Alto Comisionado de Paz, a los generales Freddy Padilla de León y Mario Montoya, así como a los recién capturados guerrilleros 'César' y 'Gafas', a la desmovilizada 'Karina', a 'Rojas' y a 'Martín Sombra'. Como si lo anterior fuera poco, en el proceso contra la senadora Córdoba, la Sala Penal decidió citar también a cientos de guerrilleros capturados y desmovilizados durante los últimos tres años, con el fin de establecer si vieron a la congresista en campamentos de las Farc o saben algo de sus nexos con ese grupo", afirmó, con sobrada razón, el editorial de El Tiempo.
Más adelante, el editorialista hizo un paralelo entre las investigaciones en la Corte por la 'para-política' y la 'farc-política': "Contrasta esta interminable lista de llamados a declarar en el frente de la 'farc-política' con lo sucedido en el caso de la 'para-política', donde en varias ocasiones a la Sala Penal le han bastado dos o tres testimonios de paramilitares encarcelados, para abrir proceso formal y detener de modo preventivo a los congresistas que dichos testigos acusan de tener nexos con las Auc. Este doble rasero que parece saltar a la luz no le conviene a la Corte Suprema, que debe dar ejemplo de que, en sus investigaciones, se comporta con el mismo rigor en todos los casos".
Para terminar, el editorial de El Tiempo se metió con un tema que no hace otra cosa que hablar de la realidad que se vive en la Corte Suprema de Justicia: que no es comprensible que todas las decisiones de la Sala Penal sean tomadas por unanimidad, para así "cerrar así la posibilidad de que se expresen los disentimientos en su seno". Este mismo aspecto también ha sido duramente criticado por el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, quien además ha calificado como inconveniente el que la Sala Penal haya optado por desaparecer la figura de los ponentes en sus decisiones y éstas aparezcan ante el procesado y la opinión pública como la labor de los nueve magistrados. "En la Corte, la gente no tiene derecho a saber quién es su juez. Los magistrados se pusieron pasamontañas", ha dicho Londoño Hoyos.
El destape
Cuando el país ya creía haber visto todo sobre los escándalos y abusos de la Corte Suprema de Justicia, El Espectador y El Tiempo, en sus ediciones del 10 y 11 de agosto de 2008, respectivamente, hicieron públicas la sevicia, la arbitrariedad y la ilegalidad con que algunos integrantes de la Sala Penal manejan el tantas veces ya mencionado caso de la 'para-política'.
El Espectador basó su artículo en dos hechos que, a su modo de ver, eran poco normales. El primero daba cuenta de un encuentro que tuvieron en Yopal (Casanare) tres funcionarios de la Corte Suprema de Justicia –Iván Velásquez, Rafael Castiblanco y Juan Carlos Díaz- con una testigo de nombre Betty Barreto, quien le dijo al mencionado diario que los tres funcionarios, el 5 de julio de 2008, trataron de emborracharla para que, en pocas palabras, declarara que el político bogotano Germán Vargas Lleras tenía nexos con los paramilitares de ese departamento.
Tras la revelación de El Espectador, pasó una cosa 'poco común' en todo este cuento de la 'para-política': que algunos 'hinchas' de la Corte salieron a bajarle la caña al artículo con el argumento de que la señora Barreto no había dicho lo que apareció publicado. Al otro día, El Espectador hizopública la grabación y efectivamente quedó claro que a la otrora empleada del servicio del jefe paramilitar 'Martín Llanos' sí la querían hacer pasar de copas para que se fuera lanza en ristre contra Vargas Lleras. Pero que la Corte Suprema investigue a los congresistas -así sea con la 'nueva técnica' de embriagar a sus testigos-, no tiene mucho de raro. El problema es cuando se mete con un hombre que había dejado su cargo de congresista un mes antes de la juerga en Yopal. Ese hombre es el presidenciable Germán Vargas Lleras.
Un segundo aspecto importante del informe de El Espectador aseguraba que una testigo que tenía la Fiscalía para el juicio en contra del ex senador Álvaro Araújo Castro había sido conseguida por el magistrado Iván Velásquez. El lío, nuevamente, es que, según la propia testigo, Velásquez la abordó cuando ya Araújo había renunciado a su calidad de senador y su proceso por la 'para-política' ya no estaba en la Corte sino en la Fiscalía. Pero, bueno, es un 'hecho aislado' que en nada desmejora el 'señorío' y la 'honorabilidad' de los magistrados de la Corte.
Al día siguiente de estos dos derechazos en el 'mentón' de la credibilidad de la Corte Suprema, El Tiempo hizo público el contenido de una conversación entre la senadora Nancy Patricia Gutiérrez y Juan Carlos Díaz Rayo, funcionario del CTI de la Fiscalía e investigador desde 2006 del equipo de apoyo de la Corte para el proceso de la 'para-política'. El diálogo, que fue grabado por Gutiérrez para poder defenderse de la persecución de la Corte y de las calumnias de la convicta ex congresista Rocío Arias, se produjo el 11de julio de 2008 y en él Díaz Rayo -sin saber que lo estaban grabando- expresó que el magistrado auxiliar Iván Velásquez estaba persiguiendo a algunos congresistas, que la rigurosidad con que arrancó el proceso de la 'para-política' se había perdido y que había un 'expediente fantasma' –el 26.625- en la Sala Penal que permanecía en etapa preliminar y en el que -según Díaz- pasaban cosas poco claras, como que los investigados y sus abogados no tenían derecho a conocerlo.
El mismo día de la publicación de El Tiempo -11 de agosto de 2008-, la Sala Penal de la Corte expidió un simpático comunicado de prensa en el que "determinó rechazar categóricamente la forma velada a través de la cual se quiere tender un manto de duda sobre la honorabilidad de sus magistrados" (aunque el boletín no lo decía, mucha se preguntó si la Corte se refería, por ejemplo, a la 'honorabilidad' de los magistrados amigos de Giorgio Sale y de Ascencio Reyes).
También, ese mismo día, los nueve magistrados de la Sala Penal decidieron apoyar irrestrictamente al magistrado Iván Velásquez y ordenaron que se investigara penal y disciplinariamente la conducta del investigador Juan Carlos Díaz. Con esa postura, la Corte Suprema estaba enviando un claro mensaje: que sus magistrados se arrogan el derecho de decir qué es delito y qué no es delito, y quién es culpable y quién es inocente. Es decir, los nueve titulares de la Sala Penal daban por descontado que lo que la prensa y el investigador Díaz decían sobre el magistrado Velásquez y sobre ellos mismos era falso y un grave crimen que había que investigar hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué la Corte Suprema no mejor calló para que la Fiscalía investigara las aseveraciones que Juan Carlos Díaz hizo durante la conversación que tuvo con Nancy Patricia Gutiérrez y que fue grabada secretamente por ésta? Como se ve, los magistrados de la Corte son los dueños absolutos de la verdad en Colombia. Así las cosas, a nadie debería extrañar, por ejemplo, que si mañana sus magistrados dicen que Luis Alfredo Garavito es inocente de haber violado y asesinado a 192 niños, el país y el mundo tendrán que guardar silencio y acatar el fallo porque fue proferido por los titulares de 'la majestad de la justicia'.
Pero se equivocó la Corte si calculó que con su orden de investigar -y por qué no encarcelar- a Juan Carlos Díaz iba a lograr el ablandamiento de éste. Por el contrario, en su primera entrevista, que la concedió a la agencia estadounidense Associated Press (AP), Díaz aseguró que si bien estaba molesto porque la congresista Gutiérrez lo había grabado sin su consentimiento, no iba echarse para atrás de lo que había dicho. Además, se despachó con una frase que debe tener al borde del infarto a los magistrados de la Corte Suprema: "Si me investigan a mí, con toda seguridad también van a tener que investigar lo que yo dije". ¡Qué perla!
Estos episodios del investigador Juan Carlos Díaz, del magistrado auxiliar Iván Velásquez, de los testigos contra los ex senadores Germán Vargas y Álvaro Araújo y del 'expediente fantasma' es lo más vergonzoso que les ha pasado a la investigación de la 'para-política' y a los magistrados de la Corte Suprema. Y lo que falta por ver. Del proceso preliminar 26.625 –el 'fantasma'- se dicen muchas cosas que el país tiene derecho a saber. ¿Será cierto que allí reposan el contenido de las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema ordenó hacerles a algunos políticos a los que nunca les notificó que los estaba investigando preliminarmente? ¿Será cierto también que se ordenó escuchar lo que hablaban importantes funcionarios de la Fiscalía del Valle del Cauca? Son preguntas que la Corte tiene la obligación de responderle a Colombia.
Posteriormente, el 13 de agosto de 2008, el presidente Uribe les dijo a varios congresistas, en una reunión de su bancada, que en una eventual reforma a la justicia había que acabar con lo que él llamó el 'roscograma' de la justicia. El Jefe de Estado, según el senador Hernán Andrade, sostuvo en el mencionado encuentro que "el Procurador (Edgardo Maya) nombra a los familiares de la Corte, la Fiscalía (en cabeza de Mario Iguarán) nombra a los de la Corte y los de la Corte nombran a los directores de Fiscalía". Una verdad dicha por Uribe que no merece discusión, pues no se conoce un poder más clientelista que el Judicial.
Al día siguiente, la Corte Suprema salió furiosa a responderles al presidente Uribe y a los medios de comunicación que ya no estaban tan de acuerdo con sus procederes. Primero, la Sala Penal produjo un comunicado a la opinión pública -más bien una 'encíclica' tratándose de 'los representantes de Dios en la tierra'- que tituló "La verdad bajo la niebla". En dicho boletín, los nueve magistrados empezaron por lanzarles un duro golpe a los periodistas de opinión que en otra época tanto los alabaron y endiosaron. "La Corte advierte que no va a controvertir opiniones de quienes se han dado en llamar 'formadores de opinión', pero sí los exhorta enérgicamente a cumplir el deber constitucional de ofrecer información veraz, e imparcial, sustentada en el estudio serio, ponderado y responsable de cada tema, como conviene a los elevados intereses de la Nación, sin asumir la posición de contradictor o contraparte que a ningún columnista otorga la Corte". Así paga el diablo a quien bien le sirve, dice el refrán popular. En la misma 'encíclica', los magistrados de la Sala Penal negaron la existencia del famoso 'expediente fantasma', explicaron por qué le habían preguntado al presidente Uribe por la extradición a Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares (los 14 'arcángeles') y aseguraron que en la Sala Penal, contrario a lo que han dicho algunos medios de comunicación, no había divisiones.
Horas más tarde, cinco de los 23 integrantes de la Corte Suprema ofrecieron una rueda de prensa en la que el magistrado Jaime Arrubla (otro de los amigos del mafioso Giorgio Sale) leyó un enérgico comunicado de prensa. "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los Jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que compartan un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos". Ese era el primer punto del extenso comunicado en el que la Corte, sin mencionarlo con nombre propio, respondía a las declaraciones del presidente Uribe respecto del clientelismo de la Rama Judicial del país.
¿A qué infundios se referían los magistrados de la Corte? ¿Tal vez debe ser un infundio decir públicamente que algunos magistrados eran amigos del mafioso Giorgio Sale o del misterioso Ascencio Reyes? ¿Infundio, seguramente, también debe ser informar que el magistrado Yesid Ramírez Bastidas reconoció haberle recibido un costoso reloj a un narcotraficante? ¿O infundio será entonces que muchos magistrados de la Corte Suprema tengan a sus parientes en entidades como la Fiscalía, la Procuraduría o el Consejo de Estado?
En la misma declaración leída por el magistrado Arrubla, la Corte Suprema le pidió al procurador Edgardo Maya Villazón investigar "a todos aquellos funcionarios que vienen faltándole al respeto a los magistrados y jueces". Vaya solicitud la hecha por la Corte Suprema: pedirle al procurador Maya que investigue a quienes irrespetan a los magistrados por su clientelismo. ¿Quién en Colombia no sabe que Maya es el campeón del mundo del clientelismo y la lagartería?
Finalmente, el magistrado Jaime Arrubla dijo que la Corte Suprema iba a poner en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado". Terminada la lectura del comunicado de prensa, los cinco magistrados aceptaron preguntas de los periodistas. Seguramente los magistrados pensaron que los periodistas no los iban a interrogar por los cuestionamientos que se les han hecho desde los medios de comunicación.
Un comunicador les dijo a los magistrados que su juez natural era la Comisión de Acusación de la Cámara, un organismo al que calificó como incompetente. A esa pregunta, el magistrado Jaime Arrubla ripostó diciendo que la Corte Suprema creía en las instituciones del país y que, por tanto, respetaba el trabajo de la Comisión de Acusación. Qué extraño: los magistrados dicen creer en las instituciones colombianas, pero se quejan ante organismos internacionales por las interferencias de que, según ellos, son objeto por parte de otros poderes del Estado. Si los magistrados de la Corte creen tanto en nuestra institucionalidad, ¿por qué por ejemplo no acuden a denunciar al presidente Uribe por las 'calumnias', 'injurias' e 'irrespetos' que constantemente profiere contra ellos? ¿No será por qué los magistrados saben que el juez natural del Primer Mandatario es la misma inoperante Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes?
El turno para una de las últimas preguntas en la rueda de prensa de aquel 14 de agosto de 2008 le correspondió a la periodista Sandra Pureza Gómez, del Canal Caracol, quien se aprestó a escuchar la explicación de su interrogante por parte de los cinco miembros de la Corte. "¿Cuál es su nombre", le preguntó el magistrado Pedro Munar. "Sandra Pureza Gómez, doctor". "Ah, Sandra Pureza Gómez, conocida de autos", comentó públicamente, con sarcasmo, el irrespetuoso Pedro Munar. Es muy probable que Munar crea que los periodistas somos unos ignorantes que no entendemos su jerga. Conocido de autos, entre los abogados, es un término que equivale a decir que una persona ya está reconocida o individualizada, por ejemplo, en un proceso penal. Es decir, Munar no respeta a los periodistas y muchos menos a las mujeres. Con esa bajeza queda claro entonces que esa es la clase de magistrados que tenemos los colombianos en la meca de la 'majestad de la justicia'.
Con rabo de paja
Como se ha visto a lo largo de este artículo, no son algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia los más legítimos para administrar justicia y, mucho menos, para intentar tumbar presidentes de la República. No hay duda de que el magistrado Yesid Ramírez Bastidas -el que dice tener agarrado al presidente Uribe- es el más cuestionado de todos. Sus estrechos vínculos comerciales y personales con sujetos como Giorgio Sale y Ascencio Reyes lo hacen indigno de pertenecer a la suprema Corte. Pero ojalá la historia de Yesid Ramírez terminara en Sale y Reyes.
Desde mediados de 2007, Ramírez -experto en caballos y quien en su despacho tiene una foto inmensa en la que se aprecia montado en un fino ejemplar- empezó a tramitar, ante la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), su pensión mensual vitalicia por vejez. En dos instancias, Cajanal negó las pretensiones del magistrado, quien nació en Algeciras (Huila) el 21 de julio de 1954. Pero, claro, un hombre tan poderoso como Ramírez Bastidas no se iba a quedar quieto con el tema de su pensión. Entonces acudió a un mecanismo que muchas veces ha sido criticado por la Corte Suprema de Justicia: la tutela.
Pero vaya sorpresa: Ramírez Bastidas interpuso la tutela ante uno de sus subalternos, el juez cuarto penal del Circuito Especializado de Bogotá, quien el 18 de diciembre de 2007 resolvió "amparar en forma definitiva los derechos al debido proceso, seguridad social y a una vida digna del ciudadano Yesid Ramírez Bastidas". En consecuencia, a Cajanal le tocó expedir una resolución en la que ordenó pagarle a Ramírez la suma mensual de $14'840.162, a partir del primero de noviembre de 2006, "condicionado a demostrar retiro definitivo del servicio para su disfrute".
Es curioso todo este trámite promovido por Ramírez, máxime cuando su período en la Sala Penal de la Corte termina en septiembre de 2010 y, como ya se ha visto, su renuncia voluntaria al cargo no se dará nunca, pese a la cantidad cuestionamientos que recaen sobre él. Además, ¿por qué interponer una tutela ante a un juez especializado de Bogotá, que en realidad es su subalterno? ¿Qué le hubiera pasado al juez cuarto especializado de Bogotá si no le concede la tutela al magistrado Ramírez? ¿Hubiera seguido en su puesto? ¿Estuviera hoy, como en efecto lo está, como magistrado encargado del Tribunal Superior de Bogotá? ¿Otro juez, que no tuviera que ver con lo penal, le hubiera concedido la tutela a Ramírez? Son preguntas que el hombre fuerte de la Sala Penal nos hubiera ahorrado hacer de haber acudido a mecanismos más diáfanos para hacerse a su pensión.
Desde luego que la tutela es un mecanismo al que cualquier colombiano tiene derecho, pero en el caso de Yesid Ramírez lo más sano -o decente- hubiera sido presentarla, por ejemplo, ante jueces laborales o civiles. ¿O será que Yesid Ramírez puede demostrar que nunca en su vida ha visto al juez cuarto penal especializado de Bogotá ni ha tenido trato con él?
Claro que, a decir verdad, Yesid Ramírez Bastidas es un experto en estos tejemanejes. O si no que lo diga su mentor, Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema y actualmente magistrado de la Corte Constitucional. En septiembre de 2002, Pinilla movió todo su poder en la Corte Suprema e hizo nombrar como magistrado en la Sala Penal a Yesid Ramírez. Desde luego que tan grande favor debía ser devuelto. En 2006, cuando Ramírez era presidente de la Corte Suprema, logró que los restantes 22 magistrados apoyaran su idea de enviar al Senado de la República una terna con los nombres de tres ex presidentes de la Corte Suprema para que de ella fuera escogido un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En la terna promovida por Ramírez, desde luego, apareció el nombre de Pinilla, quien en agosto de 2006 se convirtió en titular de la Corte Constitucional. Esto demuestra que en adelante la Corte Suprema querrá también tener el control de la Constitucional.
Pero no sólo contra Yesid Ramírez recaen cuestionamientos. Tal vez si la opinión pública hubiera estado al tanto de sus antecedentes, el magistrado Sigifredo Espinosa no estaría hoy como uno de los nueve integrantes de la Sala Penal. En 1995, Alba Lucía Rodríguez Cardona, una campesina del municipio antioqueño de Abejorral (para ese entonces de 19 años), fue violada por varios hombres, con tan mala fortuna para ella que aquel acto sexual abusivo terminó en un embarazo. En el amanecer del 4 de abril de 1996, Alba Lucía sintió deseos de realizar una necesidad fisiológica y fue hasta los servicios higiénicos de la finca de Abejorral donde vivía con sus familiares. De pronto experimentó fuertes dolores y en ese mismo momento empezó a arrojar el producto sin vida de su estado de gravidez, "a la taza del retrete, de inmediato le cortó el cordón umbilical con un alambre y lo anudó, después tomó al neonato por el cuello para sacarlo del sanitario, le palpó un suspiro y lo envolvió en (un) costal de fibra para dejarlo abandonado en el baño y dirigirse de nuevo en precarias condiciones de salud a su lecho (sentencia de la Corte Suprema de Justicia, proceso 14043)".
Un fiscal delegado ante los jueces penales del Circuito de Abejorral afectó con medida de aseguramiento y después acusó a la joven violada. El juez de primera instancia, el 2 de abril de 1997, la condenó a 42 años y 6 meses de prisión como responsable del delito de homicidio agravado. La decisión fue apelada y cuatro meses después el Tribunal Superior de Antioquia la confirmó íntegramente. Desde el momento mismo en que Alba Lucía Rodríguez fue detenida, diferentes Organizaciones No Gubernamentales, así como entidades nacionales e internacionales que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, adelantaron una campaña mundial para conseguir su libertad. Es decir, de ser una humilde mujer, Alba Lucía pasó a convertirse en un personaje mundial.
El 7 de marzo de 2002, por fortuna, se hizo justicia. Con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, la Sala Penal de la Corte Suprema absolvió a Alba Lucía Rodríguez Cardona luego de concluir que ella, en ningún momento, había atentado contra la vida de su hija y que la muerte de ésta obedeció a una serie de infortunados hechos. Pues bien, el autor de la condena de segunda instancia contra Alba Lucía (6 de agosto de 1997, a 42,5 años de cárcel) fue el doctor Sigifredo Espinosa Pérez, a la sazón magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Como la Corte Suprema tiene por costumbre no mostrarle al país las hojas de vida de los juristas que integrarán sus tres salas, Espinosa Pérez terminó siendo elegido magistrado de la Sala Penal (qué paradoja, en reemplazo de Jorge Aníbal Gómez), pese a la grave injusticia que había cometido con la joven campesina de Abejorral. ¿Qué hubieran hecho las organizaciones pro defensa de los derechos de la mujer de haberse enterado en su momento que Espinosa Pérez aspiraba a ser magistrado de la Corte Suprema? Espinosa es el mismo personaje que en octubre de 2007 fue acusado por el presidente Uribe de haberle solicitado un cupo universitario para que un familiar suyo realizara un posgrado. "Ahora sale a decir que yo estoy obstruyendo la justicia. Y aquí vino hace unos días a pedir que un pariente suyo se lo entraran a un posgrado de medicina de una Universidad", aseguró indignado el Jefe de Estado.
Otro magistrado de la Sala Penal con un relativo reparo es Julio Enrique Socha Salamanca. Aunque la ley dice que las responsabilidades son individuales, deja un sabor amargo que el magistrado Socha sea hermano del general retirado Gustavo Socha Salamanca, ex director de la Policía Antinarcóticos. Este oficial fue sancionado por la Procuraduría con destitución por el manejo irregular que les dio a dineros del Plan Colombia, es decir, a dineros de los Estados Unidos de América. Lo más seguro es que el magistrado Socha Salamanca estará en desacuerdo con que la Corte Suprema escoja nuevamente como su candidato a la Procuraduría a Edgardo Maya, pues fue él quien destituyó a su cuestionado hermano.
Aparte de Yesid Ramírez, es bien sabido que el otro magistrado que se destaca por su antiuribismo radical y poder en la Sala Penal de la Corte es Alfredo Gómez Quintero, quien fue el ponente del fallo que favoreció a tres amigos del mafioso Giorgio Sale y que fueron sorprendidos cuando de manera ilegal ingresaban al país con 398.000 dólares. El magistrado Gómez tiene otro hermano que al igual que él labora en la Rama Judicial. Su nombre es Raúl Gómez Quintero y es procurador en Bucaramanga. Amparado en el poder de su hermano, Raúl se ha convertido en el 'referente moral' de Santander y en sus intervenciones en los estrados judiciales pregona amplios conocimientos de Derecho Internacional Humanitario y temas afines.
Incluso, el 11 de octubre de 2007, en una audiencia pública en la que se juzgaba a tres paramilitares, Raúl Gómez empezó por decir que en Colombia había un conflicto armado, "a pesar de que el Presidente (Uribe) y sus áulicos pretendan negarlo todos los días de una manera demagógica e irresponsable". Más adelante dijo estar completamente seguro de que la Ley 975 (Justicia y Paz) no iba a cobijar a muchos paramilitares. "Estoy absolutamente seguro, y me lo escucharán jueces y magistrados y los que sean, estoy absolutamente seguro (de) que la Corte Suprema de Justicia, más adelante, cuando empiece a sancionar a los Mancusos, a todos esos criminales enormes, no se va a contentar con los 8 años, porque no les va a dar 8 años, créanmelo, eso es así, y delitos graves como estos no van a ser cobijados por su totalidad por la 975. Estoy completamente seguro", dijo. Es evidente que el procurador Raúl Gómez Quintero se mantiene muy informado de lo que pasa y pasará en la Corte.
Algunos otros magistrados de la Sala Penal también tienen sus peros. Jorge Luis Quintero Milanés era otro de los amigos íntimos del mafioso italiano Giorgio Sale; de hecho, también le dejó un mensaje de agradecimiento en el libro de 'visitantes ilustres' del restaurante La Enoteca (de propiedad de Mancuso). Augusto Ibáñez Guzmán, en 2006, fue candidato al Congreso de la República por Cambio Radical; lo más curioso es que nunca se ha declarado impedido para conocer casos de la 'para-política' cuando los investigados pertenecen al movimiento político de Germán Vargas Lleras. Y María del Rosario González es el típico caso de la 'meritocracia' de la justicia colombiana: su esposo es el consejero de Estado Jesús María Lemos.
Y ni qué decir de los magistrados que recientemente se fueron de la Sala Penal. Marina Pulido de Barón tuvo en su despacho, cuando fue fiscal delegada ante la Corte, las declaraciones de alias 'Pitirri' y no hizo nada con ellas; varios años después, curiosamente, fue una de las 'fundadoras' de la investigación de la 'para-política'. Álvaro Orlando Pérez, el llamado arquitecto del expediente de la 'para-política', dejó la Corte por período cumplido a mediados de 2007 y después de eso su hijo, Álvaro Rolando, terminó defendiendo a varios congresistas por el mismo sonado caso. Y Carlos Isaac Náder, ex magistrado de la Sala Laboral, quien se hizo famoso por sus estrechos vínculos con el narcotraficante Giorgio Sale y Ascencio Reyes Serrano. "Pero eso no tiene nada de raro. Son meras coincidencias", insisten a una sola voz los miembros del club de 'fans' de la Corte.
Ininvestigables
Toda esta cadena de anomalías en la Corte Suprema de Justicia se da por varios motivos. El primero, el miedo que producen nueve personas (de la Sala Penal) que tienen el poder de enviar a cualquiera a la cárcel. Los que tienen fuero son mandados directamente a prisión por los magistrados; y los que no lo tienen, el fiscal de llavero de la Corte, Mario Iguarán, se encarga de ellos. Y segundo, porque a los magistrados de la suprema Corte los investiga un órgano inoperante y temeroso: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Es por eso que en ese escenario los magistrados de la Corte se dan el lujo de recibirles costosos relojes a mafiosos; o de aceptar ser los invitados de honor en fiestas de personajes de dudoso proceder; o de tomar decisiones judiciales que para muchos pueden acercarse a un prevaricato; o de emborrachar a sus testigos para que 'canten'; o de intentar tumbar a un Presidente de la República legalmente elegido; o de mantener injustamente en la cárcel a una humilde campesina; o de irrespetar a los periodistas y a las mujeres también; o de firmar libros de 'visitantes ilustres' en establecimientos públicos de propiedad de paramilitares y narcotraficantes; o de tratar con un rasero distinto a políticos investigados por sus nexos con paramilitares o guerrilleros; o de absolver a lavadores de dólares porque son amigos de un hombre que les pagaba las cuentas en sitios públicos; o de creerles a testigos que en condiciones normales cualquier juez desecharía de entrada; o de pedirles puestos a candidatos a Fiscal General a cambio de su voto; o de calumniar al Presidente de la República. Todo esto, desde luego, los magistrados de la Corte lo hacen porque saben que son ininvestigables y porque cuentan con el sí de muchos medios de comunicación.
El país quiere que la clase política se decante y que aquellos que cohonestaron con paramilitares o guerrilleros estén en prisión. No obstante, ese clamor general no puede conseguirse con jueces cuyas hojas de vida no son cristalinas y a veces con más tachas que las de los investigados. Nadie acepta que su juez tenga rabo de paja. Eso es más que entendible. Como entendible fue la actitud asumida por el ex director del DAS, Jorge Noguera, y su abogado, Orlando Perdomo, quienes se negaron a que el proceso en su contra siguiera siendo instruido por un fiscal llamado Jesús Antonio Marín Ramírez, que otrora fue investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
¿O es justo que alguien tenga la desgracia de que su juez sea el magistrado Yesid Ramírez, quien aún debe añorar las atenciones que le hizo el mafioso Giorgio Sale? ¿O es justo que Mario Iguarán sea el fiscal a pesar de que es de público conocimiento que el cuestionado Ascencio Reyes le organiza fiestas? ¿O es justo que el ex senador Álvaro Araújo Castro tenga que soportar que la jueza que conoce su caso, Patricia Ladino, sea la esposa de Everto Rodríguez, magistrado auxiliar de Yesid Ramírez en la Corte Suprema de Justicia? ¿O es justo que los congresistas de Cambio Radical investigados por la 'para-política' tengan que ver que uno de sus jueces, Augusto Ibáñez, fue su compañero de lista en las elecciones de marzo de 2006? ¿O es justo que Alba Lucía Rodríguez Cardona tenga que admitir que en la Sala Penal haya un magistrado llamado Sigifredo Espinosa, quien arbitrariamente la tuvo varios años en la cárcel? ¿O es justo el tratamiento que se le está dando al investigador Juan Carlos Díaz? Por supuesto que nada de eso es justo.
Como tampoco es justo que el presidente Uribe cometa el error de intentar buscar un acercamiento con la Corte Suprema, a instancias del cardenal primado Pedro Rubiano Sáenz. Quien organizó ese encuentro muy seguramente es enemigo del Primer Mandatario, pues no tiene presentación que un magistrado de tan bajo perfil como Francisco Ricaurte -hecho a la imagen y semejanza de Carlos Isaac Náder, otro íntimo de Giorgio Sale- se siente a hablar con el Primer Magistrado de la Nación de cosas que ni sabe. Es muy probable que Uribe hubiera aceptado el consejo de sentarse con Ricaurte (de la Sala Laboral) para tratar de atajar más injusticias en el tema de la 'para-política'. Una semana después de aquellas reuniones, los integrantes de la Sala Penal respondieron a los buenos oficios de monseñor Rubiano con la captura del senador Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U.
Así son pues casi todos los magistrados de la Corte Suprema. Al momento de terminar la redacción de este texto, los integrantes de la Sala Penal anunciaron que viajarán a Estados Unidos para escuchar la declaración de los jefes 'paras' extraditados por el presidente Uribe en mayo de 2008. Mientras a los congresistas siempre los vieron como a ciudadanos de tercera y se negaron a tomarles ellos mismos las diligencias de indagatoria, los magistrados van a sentarse ahora con criminales como Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40'. ¡Qué show! Los magistrados van a querer victimizarse y le van a vender la idea al país de que fue un error extraditar a los 14 'arcángeles'. Para eso van a utilizar a los periodistas, quienes no conocen el real estilo de los máximos jueces del país.
Es que hay una realidad que pocos conocen: a los magistrados de la Corte, los medios de comunicación les sirven para que los adulen y los destaquen como personajes del año, pero cuando los critican se llenan de ira y no acogen nada de lo que les dicen, por ejemplo, los editorialistas. Es así como lo peor que le puede pasar a un investigado por la Corte Suprema de Justicia es que la prensa insinúe que es inocente, pues de manera inmediata los magistrados empiezan a hacer todo lo que esté a su alcance -y lo que no esté también- para que esa persona no salga de la cárcel.
En pleno siglo XXI, en el Gobierno del Presidente más popular de la historia de Colombia, en momentos en que los 'paras' están desmovilizados y extraditados y los guerrilleros están a punto de tirar la toalla, en momentos en que la economía sigue creciendo y la confianza es el común denominador de los colombianos, el país, paradójicamente, padece de un mal grande y preocupante: la dictadura de los jueces.
(*) Abogado y periodista del programa 'La hora de la verdad', de Radio Súper, y Columnista de El Nuevo Siglo
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