Consenso imposible

Agosto 28 de 2010 - 11:09 Por Rafael Nieto Loaiza

Orondo, el Presidente del Congreso ha dicho que “aquí no se toca una letra hasta que todos estén de acuerdo para tener una nueva Ley de Justicia”. Más prudente fue el Ministro del Interior que sostuvo que “el debate tiene límites y no puede ser eterno”. 

Tiene razón: si el Gobierno pretende concertar la reforma a la justicia con las Cortes, lo que saldrá de ahí será poco más que un chorro de babas.

Me explico: está bien que se oiga lo que las Cortes tienen para decir sobre el asunto, pero hay que rescatar del olvido hechos que demuestran que las Cortes difícilmente se ponen de acuerdo entre ellas en asuntos sustantivos y que han sido esos tribunales los que hundieron las seis reformas a la Justicia que intentó el gobierno de Uribe. 

Digo lo que me consta. Por ejemplo, en sus primeros años el gobierno se sentó docenas de veces con los magistrados para buscar una reforma que fuera aceptable para ellos y útil para el país. El resultado fue un texto que, al menos de labios para afuera, tenía la bendición de todos, excepto en tres puntos.

El primero, la defensa a ultranza que hizo el Consejo de Estado del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy hasta la Corte Suprema de Justicia sale a ampararlo.

¿Cuál es el interés de las Corte en proteger ese bodrio costosísimo e ineficiente?

¿Cuál cuando el Consejo ha fallado tutelas en abierta contravía a los que los altos tribunales han decidido, con el consabido rabiononón de los magistrados? 

La respuesta es sencilla: la Judicatura asegura para los magistrados el control sobre la burocracia de la rama y perpetúa su influencia clientelista. Como, además, saben que los congresistas también quieren preservar los puesticos que ofrece el Consejo, cuyos miembros son elegidos por el Parlamento, apuestan a que por ese interés eventualmente se pueda sepultar toda la reforma.

El segundo desacuerdo estaba en el valor de la jurisprudencia.

De la consistencia de las decisiones judiciales depende la seguridad jurídica, un valor social fundamental porque sólo a través de ella los ciudadanos saben cuáles son las reglas del juego en comunidad. 

En Colombia, la jurisprudencia es un hazmerreír y la seguridad jurídica un fantasma. 

No es inusual que la misma sala del mismo tribunal con los mismos magistrados falle, sobre hechos similares, en sentido contrario. Baste recordar la decisión de la Suprema de asumir el juzgamiento de los parlamentarios que renunciaban a su curul, cuando sostuvo en innumerables ocasiones que no tenía esa facultad.

En fin, a las Cortes establecer mecanismos de jurisprudencia obligatoria les para los pelos.

Finalmente, los altos tribunales nunca se pusieron de acuerdo en materia de tutela contra sentencias. La Constitucional quería preservar a toda costa la posibilidad de ejercerla contra los fallos de los otros altos tribunales y el Consejo y la Suprema luchaban porque no fuera así.

El gobierno de entonces se inclinaba porque fueran las salas plenas de las corporaciones las que pudieran revisar las sentencias de las salas internas. Hundida esa propuesta de reforma, el Presidente, ya con el ánimo de reelección entre pecho y espalda, se alineó con la Constitucional. 

El inefable Yesid Ramírez dijo que Uribe trataba de comprar los votos de la Constitucional. 

¿Habrá que recordar que éste fue el motivo original de la pelea que tanto daño nos ha hecho entre Uribe y la Suprema?

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